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Droga y sociedad
Evidentemente, la relación entre grupos guerrilleros, particularmente las FARC, y la actividad del narcotráfico, es amplia y contradictoria.

Colombia, como ningún otro país de América Latina, ha tenido una historia muy particular en torno al problema de las drogas: cultivos ilícitos (marihuana, cocaína, o amapola), procesamiento y producción de derivados, comercialización y distribución. Desde una perspectiva histórica es necesario reconocer la existencia de una economía ilegal que se remonta hasta la Colonia (contrabando de tabaco, quina). La relación más reciente es la que se desprende de la entrada de contrabando de bienes de lujo, el tráfico de esmeraldas y la proliferación de compra-ventas (casas de empeño).

El narcotráfico surge como una actividad productiva y mercantil desarrollada por individuos y organizaciones interesadas fundamentalmente en la consecución de un desbordante lucro personal. Esta actividad está caracterizada por tres grandes componentes: su ilegalidad, la proyección internacional y el ser una actividad económica capitalista con grandes rendimientos, precisamente por las otras dos características.

La operación económica del narcotráfico implica actividades agrícolas generalmente desarrollados por pequeños productores en zonas de colonización reciente. Estas actividades están reguladas por organizaciones guerrilleras, que cobran impuestos bajo la modalidad del gramaje y transforman estas rentas en fuentes privilegiadas de ingresos. De aquí el nombre de “narcoguerrillas”, acuñado por un embajador de EEUU. Por otra parte, el procesamiento de la droga incluye la presencia de precursores químicos y tecnología provenientes de la gran industria química de los países desarrollados. El tráfico y las redes de distribución al detalle a los consumidores se dirige prioritariamente a los países de capitalismo desarrollado y después a los consumidores de nuestro país.

La enorme acumulación de capital, especialmente de los agentes comercializadores y de distribución al detalle, se reinvierte en la economía de los diferentes países, lo que genera nuevos sectores sociales con voluntad de tener expresión social y política, a la vez que se crean espacios de legitimidad social frente a esta nueva actividad y los sectores expresivos.
Es así como se inician los procesos de inserción en el ámbito social y político de estos nuevos sectores sociales (empiezan a aparecer los narcopolíticos) y empiezan a producirse choques con los sectores políticos tradicionalmente dominantes y algunos subordinados de la sociedad, fundamentalmente por sus reservas éticas.

La indiferencia con la que la sociedad colombiana ha vivido ciertas manifestaciones de la ilegalidad, que se acerca a la complicidad, es un síntoma preocupante de la tendencia que existe, en situaciones de anomia social, a considerar que la anormalidad, cuando es recurrente, tiende a volverse normal.

Al mismo tiempo se inicia un proceso de inserción económica de nuevo capital, siendo el sector agrario uno de los primeros blancos de la compra de tierras. En este punto, la expansión del narcotráfico se entrecruza con los conflictos derivados de la lucha guerrillera y contraguerrillera y asume posiciones regionalmente contradictorias, en unos casos de convivencia con el control ejercido por la insurgencia en aquellos territorios, y en otros, de virtual confrontación con estas organizaciones. Aunque, en general, se posicionan claramente a favor de los propietarios de las tierras y sus alianzas regionales, incluidos sectores militares metidosenla lucha contraguerrillera. En este ambiente surgen los narcomilitares y los narcoterratenientes, con los que confluye la creación y consolidación de los llamados grupos de autodefensa, para luchar contra lo que consideran abusos de los guerrilleros.
En los años 80, el problema de la droga cambió sus reglas del juego fruto de este proceso.

Estos grupos de autodefensa, patrocinados económicamente por sectores sociales vinculados al problema de la droga, evolucionaron hacia grupos paramilitares más profesionalizados, entrenados para una campaña de exterminio y acobardamiento social de las zonas donde los nuevos capitales sitúan sus inversions, intentando limpiarlas de guerrillas, auxiliadores, comunistas, y todos aquellos que reivindiquen demandas sociales de las capas subordinadas de la sociedad. Posteriormente esta campaña se extiende a nivel nacional y los grupos paramilitares se transforman en profesionales de la muerte, que son la vanguardia de lo que algunos denominan el “proyecto narcofascista” de sociedad.

Dentro de esta dinámica expansiva del narcotráfico se inició una confrontación limitada entre algunas instituciones estatales y grupos dedicados a la comercialización y distribución al detalle de la droga, acudiendo a métodos terroristas indiscriminados, como una estratagema para incrementar al máximo su capacidad de presión sobre el Estado y de intimidación generalizada de diversos núcleos sociales. Es por esto que no se entiende que el Estado colombiano no permita la extradición de colombianos a Estados Unidos.
Desde el punto de vista legal, el Estado empezó tratándolo como un delito común más, pero progresivamente se ha ido considerando como un delito “cuasi político”, que por sus singularidades (su carácter colectivo, la presión sobre las instituciones estatales, atemorización de miembros destacados de las clases dominantes primero y después de toda la sociedad, etc.) requiere un tratamiento sui generis.

La confrontación entre instituciones estatales y los cárteles de la droga, que se desarrolló en torno al uso de la extradición por los primeros, y de métodos terroristas, por los segundos, parecen haberse convertido en la búsqueda de salidas no militares, es decir, una solución vía negociación. La Asamblea Nacional Constituyente de 1991, eliminando la extradición de la nueva Constitución Política de Colombia, creó un marco normativo favorable para la búsqueda de salidas diferentes a la de la guerra. A pesar de esto, fruto de la presión de los EEUU, se está produciendo un retorno hacia la implantación de la extradición. Los EEUU consideran la extradición como la única medida intimidatoria para traficantes de droga.


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