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Desarrrollo historico

CAUSAS

Desde la independencia de Colombia, el país no ha estado ajeno a la violencia partidista, lo cual se evidencia en varias guerras civiles que se desarrollaron durante el siglo XIX y culminando en la Guerra de los Mil Días (18991902).

Entre 1902 y 1948, Colombia gozó de una relativa paz, primero bajo los gobiernos de la hegemonía conservadora (18861930) y luego con los presidentes reformistas liberales (19301946). Sin embargo durante esta época ciertos incidentes de violencia política fueron constantes en diversas regiones.

El 9 de abril de 1948, durante el gobierno del conservador Mariano Ospina Pérez, fue asesinado en Bogotá el jefe liberal Jorge Eliécer Gaitán. Aún cuando el magnicidio no tuvo aparentemente un móvil político partidista, este creó levantamiento popular violento, conocido como el Bogotazo, siendo Bogotá dónde se vieron las reacciones más grandes, pero diferentes grados de violencia se extendieron por gran parte del país.

El gobierno de Ospina Pérez logró controlar la situación y terminó completo su mandato en 1950. En las elecciones de 1950 no participó el partido Liberal alegando falta de garantías. Esto facilitó el triunfo del partido Conservador en cabeza de Laureano Gómez, quien continuó y profundizó la política de seguridad de su antecesor ante la violencia partidista, la cual no contemplaba negociar con el Partido Liberal.

El Partido Liberal, no sin controversias internas, tomó la decisión de promover guerrillas para oponerse al poder militar del gobierno de Gómez. Además de las guerrillas liberales, que operaban principalmente en los Llanos Orientales, en varias regiones se crearon diferentes tipos de bandas armadas irregulares, tanto por parte de sectores afines al gobierno como por parte de miembros del Partido Comunista, entre otros.

El fracaso de las políticas oficiales y la desconfianza que inspiraban algunas de las actitudes personales de Gómez llevaron a que perdiera el apoyo de buena parte de los miembros de su propio partido, y en 1953 la clase política se apoya en el establecimiento militar para propinar un golpe de estado. El poder fue asumido por el general Gustavo Rojas Pinilla.

Rojas Pinilla buscó un acercamiento con los líderes de las guerrillas liberales garantizando una amnistía. La mayoría de acogió a los términos de la misma y se desmovilizó, lo cual redujo efectivamente buena parte de la violencia. Sin embargo, el asesinato de algunos de los líderes contribuyó a crear desconfianza en varios de los grupos armados quienes continuaron en la clandestinidad. Algunos de los grupos formaron "repúblicas independientes" donde portaban armas principalmente para la defensa perimetral y ocasionalmente realizaban asaltos, retenciones y acciones armadas limitadas en las zonas cercanas.

Cuando la dirigencia política del país y los sectores sociales opuestos al régimen consideraron que el gobierno de Rojas Pinilla debía finalizar y no prolongarse por otros cuatro años o más, se promovió un paro que obligó al retiro del general Rojas Pinilla. El poder fue asumido por una junta militar de transición mientras se pensaba en reanudar el sistema político democráctico tradicional de la república.

Los líderes de los partidos Liberal y Conservador finalmente acordaron que durante un nuevo período de transición, que se extendería por los próximos cuatro períodos (16 años), se alternarían en el poder. Éste sistema se denominó el Frente Nacional, y fue concebido como una forma de concluir las diferencias entre los dos partidos y evitar que se repitiera la violencia política bipartidista.

El Frente Nacional logró ese objetivo, pero con el tiempo también se hizo claro que obstaculizaba en la práctica la posibilidad de participación de grupos políticos diferentes a los dos partidos tradicionales, incluyendo a sus disidencias internas.


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DESARROLLO

Durante el gobierno de Guillermo León Valencia (19621966), segundo presidente del Frente Nacional, y ante la preocupación por la existencia de algunas de las llamadas "repúblicas independientes" al interior del país, el presidente ordenó al ejército someter tales repúblicas y reestablecer allí la autoridad.

Una de estas repúblicas, situada en Marquetalia, logró sobrevivir al cerco del ejército y sus líderes, tanto de tendencia Liberal como Comunista, entre los que se encontraba Pedro Marín, alias Manuel Marulanda, pudieron escapar junto con gran parte de sus tropas, en total entre dos y cuatro decenas de hombres. El hecho llamó la atención de algunos dirigentes estudiantiles, quienes eventualmente se unieron al grupo de Marulanda fundando las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), en asociación con un sector del Partido Comunista.

Para el último período presidencial del Frente Nacional, el candidato conservador oficial del Frente Misael Pastrana Borrero se enfrentó contra el candidato conservador independiente, el ex presidente Gustavo Rojas Pinilla. En las elecciones del 19 de abril de 1970 Pastrana ganó bajo numerosos alegatos de fraude. Esto impulsó a varios jóvenes universitarios a formar posteriormente el Movimiento 19 de Abril M-19, un grupo insurgente el cual se dio a conocer tras una campaña publicitaria de expectativa en la prensa.

El período presidencial de Alfonso López Michelsen, iniciado en 1974, se caracterizó por un intento de promover la liberalización económica. Se intentó abrir una negociación con el ELN, grupo que había sufrido una serie de varias derrotas militares anteriormente, para lo cual se suspendieron las operaciones en su contra, pero no se alcanzó a iniciar en firme dicho proceso.

Las FARC, el ELN, el M19, el EPL, el Movimiento Armado Quintin Lame y otros grupos insurgentes se oponían al estado y utilizaban las armas para tal oposición, junto con un discurso generalmente de carácter marxista y nacionalista.

Durante el gobierno de Julio César Turbay Ayala (19781982) se impulsó una política de seguridad nacional. Como resultado de la misma, se encarceló (y en ocasiones también torturó o asesinó) a varios líderes y miembros de estos grupos, pero en su mayoría siguieron activos. En 1980, el M19 se tomó la embajada de República Dominicana, como una muestra de su capacidad de acción. Se logró negociar pacíficamente el fin de la toma, partiendo los participantes del M-19 hacia un exilio en Cuba.

El gobierno de Belisario Betancur (19821986) buscó un acercamiento y una tregua con los grupos armados insurgentes. El fracaso de estas negociaciones por las diferencias políticas entre los distintos sectores del gobierno, las fuerzas militares y los grupos políticos condujo a una ruptura y a la posterior toma del Palacio de Justicia en 1985 por parte del M19, que terminó con la muerte de varios de los civiles retenidos, como consecuencia del operativo ofensivo del ejército y de la resistencia armada de los ocupantes guerrilleros.

El gobierno de Virgilio Barco (19861990) promovió una política de "pulso firme y mano tendida", la cual encontró eco en el M19 que inició un proceso de desmovilización que terminó en 1989. Más adelante y durante el gobierno de César Gaviria (19901994), el EPL y una fracción del ELN se desmovilizaron y participaron en la Asamblea Constituyente que promulgó la Constitución de 1991.

Las FARC, si bien participaron de la tregua y las negociaciones de Belisario Betancur, han venido endureciendo su posición a medida que pasan los años y se prolonga el conflicto. Se argumenta que en gran parte esto sería una consecuencia del asesinato de un buen número de líderes y miembros de la Unión Patríotica, un grupo político creado inicialmente por las FARC durante el gobierno de Betancur, como alternativa a la lucha armada. Algunos documentos internos de estrategia político-militar de las FARC que datan de ésta época han sido citados por historiadores y analistas posteriores para plantear interrogantes sobre su grado de voluntad de paz aún antes de dichos asesinatos.

El fortalecimiento de los grupos de narcotraficantes y su creciente conflicto personal con los grupos insurgentes, quienes extorsionaban y secuestraban a varios de sus miembros y familiares, llevó a la acelerada conformación de grupos paramilitares ilegales en la década de 1980. Varios de los diferentes grupos, no todos relacionados con el narcotráfico en un principio, se unieron en una alianza militar amplia al formarse las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) hacia 1997.

Durante el gobierno de Ernesto Samper (19941998), en medio de controversias judiciales y políticas, las FARC evidenciaron una capacidad de adaptarse a la guerra de posiciones, que se concretó en varios asaltos de columnas de tropas concentradas, como la toma de tres días a Mitú y a diversas bases rurales del ejército, en los cuales capturaron y retuvieron a varios militares. La captura y retención de militares llevaron a las FARC a un primer canje de prisioneros, en el cual, en una zona desmilitarizada en los municipios de Cartagena del Chairá y San Vicente del Caguán, entregaron al gobierno varios soldados a cambio de la liberación de varios guerrilleros presos.

El antecedente del despeje y la percepción de fortaleza que transmitieron las FARC llevó al próximo presidente: Andrés Pastrana (19982002) a ofrecer el territorio de cinco municipios como zona de negociación desmilitarizada. En vista de los fracasos de las políticas de paz anteriores que exigían una tregua antes de comenzar la negociación, Pastrana ofreció negociación "en medio del conflicto". En un proceso de negociación de más de tres años en el cual no hubo avances y sí continuó el conflicto, el secuestro de un senador por parte de las FARC llevó al gobierno a tomar la decisión de suspender las negociaciones. El proceso tuvo que enfrentar múltiples controversias, entre ellas las relativas al grado de voluntad del gobierno Pastrana para desmantelar a los grupos paramilitares y al uso militar que las FARC le dieron a la zona despejada.

El fracaso del proceso y la percepción de que las FARC se habían engrandecido con una retaguardia en el Caguán desde la cual lanzaban sus ataques, realizaban actividades relacionadas con el narcótrafico y concentraban a los secuestrados, fue uno de los factores que contribuyó a la elección de un candidato considerado como de "mano dura" en Álvaro Uribe Vélez en el 2002.

Las FARC acusan a Uribe, entre otros aspectos, de plantear una guerra sin cuartel y de haber apoyado grupos paramilitares, por lo cual argumentan que se niegan a negociar con el presente gobierno algo distinto al "intercambio humanitario" o intercambio de prisioneros: un canje de los guerrilleros de las FARC en prisión por un grupo de políticos y militares captivos por las FARC.

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SITUACIÓN ACTUAL

En las elecciones de ese mismo año llegará al poder Álvaro Uribe con su programa de orden y autoridad que atrae a buena parte de un electorado cansado de la violencia y la inseguridad.

Es así como el presidente Uribe inicia su mandato con tres objetivos entrelazados:

- Campaña por las reformas políticas: combatir la corrupción y hacer más operativa la maquinaria institucional y administrativa.

- Proyecto de Seguridad Democrática: buscar la negociación con los grupos insurgentes desde la presión.

- Despliegue externo: introducir el conflicto colombiano en la agenda internacional.



Ante esta nueva línea dura de Uribe, los grupos insurgentes se han preparado para la polarización del conflicto: las FARC con su demostración de fuerza tratando de extender el conflicto a varios frentes y de acercar la escalada ofensiva a las ciudades, y el ELN intentando sobrevivir en un contexto de tensión en el que deben confrontar tanto a las FFAA como a las AUC.

En cuanto a éstos últimos, apoyándose en complicidades políticas y en el hecho de compartir con las FFAA el objetivo de combatir a los guerrilleros, podrían llegar a algún tipo de acuerdo con el gobierno a cambio de obtener la impunidad por sus acciones del pasado.

A día de hoy, y tras 40 años de conflicto, ni el Estado ni los grupos armados han conseguido sus objetivos. Además, la normalización de las prácticas violentas han llevado a la transformación del sistema económico del país y a la militarización de la sociedad con los grupos paramilitares como nuevos actores. Pese a todo, en la sociedad civil colombiana, la principal víctima del conflicto armado, están surgiendo iniciativas esperanzadoras que buscan el final de la violencia y que crean una dinámica que podría ser germen de integración social en la que la convivencia se imponga a la confrontación y a la violencia.
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